Por primera vez en mucho tiempo, el llamado pulpo camionero recibió un alto en seco. La Secretaría de Movilidad del Estado de México actuó de manera contundente al retirar los anuncios ilegales que fijaban la tarifa mínima en 14 pesos, cuando la autorizada era de 12. No se trató de una simple acción administrativa: es un mensaje político y social que revela que el gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez, no está dispuesto a seguir tolerando los abusos de un sector que históricamente ha actuado como si estuviera por encima de la ley.
Los transportistas apostaban a lo de siempre: imponer un incremento sin autorización, pegar calcomanías en los camiones y trasladar de inmediato el costo al pueblo. La jugada era vieja y la autoridad, tradicionalmente, solía voltear hacia otro lado. Pero esta vez ocurrió lo contrario: el manazo llegó. Y para la ciudadanía significa un respiro, aunque sea temporal, en el castigado bolsillo de miles de usuarios que diariamente dependen de este servicio.
No hay que engañarse: detener el alza ilegal es apenas el primer paso. El transporte público en el Estado de México arrastra décadas de impunidad y privilegios. Las unidades viejas, sucias, con asientos rotos y sin condiciones mínimas de seguridad circulan sin problema alguno. Los operadores, en muchos casos sin la preparación adecuada, con escasa capacitación y una actitud agresiva hacia los pasajeros, son parte de la normalidad a la que se enfrenta cualquier mexiquense que sube a un camión. El riesgo y la incomodidad se volvieron rutina.
La acción de la gobernadora debe convertirse en el inicio de una política de fondo: revisar concesiones, depurar choferes, modernizar unidades y, sobre todo, poner al ciudadano en el centro de la discusión. Durante años, los camioneros se aprovecharon de la pasividad oficial. Se sintieron intocables, seguros de que ninguna administración se atrevería a enfrentarlos. Hoy esa percepción comienza a resquebrajarse.
El “manazo” de Delfina Gómez es simbólico pero poderoso: significa que el tiempo de los pactos silenciosos con los transportistas podría estar llegando a su fin. Sin embargo, la verdadera prueba no será quitar pegotes de tarifas ilegales, sino transformar un sistema de transporte que ha sido sinónimo de abuso, corrupción y mal servicio.
El pueblo ya dio señales de hartazgo. Ahora es turno de que el gobierno pase del gesto firme al cambio estructural. Porque si algo ha demostrado la historia del pulpo camionero es que sabe esperar, sabe presionar y, sobre todo, sabe negociar en lo oscurito. El reto para la autoridad es claro: que este sea el inicio del fin de su dominio abusivo y no solo un episodio anecdótico.