- A nombre del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), la diputada Araceli Casasola propuso que el asesinato de dos o más elementos de los cuerpos policiacos o personas servidoras de seguridad pública, en el mismo o en distintos hechos, amerite hasta 70 años de prisión.
- La iniciativa de la bancada coordinada por el diputado Omar Ortega refiere que permitir que estos actos ocurran sin una consecuencia jurídica agravada envía un mensaje de debilidad institucional.
La bancada del PRD planteó hasta 70 años de prisión por el homicidio de dos o más integrantes de instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de las fuerzas armadas, cuando se cometa en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, especialmente si hay superioridad numérica o uso de armas exclusivas del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
La propuesta, autoría del diputado Omar Ortega Álvarez y de la diputada Araceli Casasola Salazar, establece penas de hasta 25 años de prisión y de 3 mil días multa por el delito de homicidio en contra de personas servidoras públicas integrantes de las referidas instituciones. No obstante, añade agravantes que llegarían hasta los 70 años de prisión y hasta 5 mil días multa si se comete en contra de dos o más elementos de los cuerpos policiacos o personas servidoras de seguridad pública, sin importar si es en el mismo hecho o en diferentes ocasiones.
El proyecto legislativo, que reformaría al Código Penal estatal, busca inhibir las agresiones directas contra las fuerzas del orden y ampliar la certeza jurídica y el respaldo a las personas servidoras públicas de seguridad.
En sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, Araceli Casasola informó que, de enero a abril de 2026, en el Estado de México se han registrado 10 asesinatos de elementos policíacos, y señaló que resulta fundamental recordar que detrás del uniforme, entre las y los servidores públicos hay madres, padres e hijos que arriesgan su integridad en condiciones sumamente adversas.
Indicó que la sociedad exige profesionalización y resultados inmediatos en materia de seguridad, pero a menudo ignora la vulnerabilidad de estos elementos.
En este sentido, el documento subraya que el asesinato de un elemento de seguridad no puede ser catalogado como un homicidio simple, toda vez que grupos delincuenciales utilizan la violencia letal contra los agentes para amedrentar e intimidar a las corporaciones, obligarlas a cesar sus funciones de auxilio y vigilancia, coaccionar a la autoridad para operar con total impunidad y generar un vacío de poder mediante emboscadas y ataques con armamento de uso exclusivo del Ejército.
Enfatiza que la ausencia de consecuencias jurídicas agravadas frente a estos actos envía un mensaje de debilidad institucional. Lo anterior, en virtud de que la superioridad técnica y numérica empleada en los ataques contra las fuerzas del orden exige que la ley responda con la misma contundencia con la que el Estado debe proteger a sus instituciones.
“No se puede exigir una ética intachable a nuestras fuerzas policiales si el marco legal les otorga el mismo valor jurídico que a un particular en situaciones de confrontación letal”, aseguró la parlamentaria.