PRD va por regulación de centros de atención de adicciones

  • El Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), coordinado por el legislador Omar Ortega, propuso regular estos establecimientos para que cuenten con personal médico y psicológico.
  • La iniciativa presentada por la diputada Araceli Casasola (PRD) plantea establecer la obligación de notificar a las autoridades los ingresos involuntarios y prohibir la retención o negación del egreso de una o un paciente bajo el pretexto de adeudos o cuotas.
  • En cuanto a las agrupaciones de personas en recuperación que comparten experiencias mediante programas de pares, se pretende que las personas responsables y encargadas, así como el personal adscrito, acrediten que no consumen sustancias psicoactivas.

Para garantizar la seguridad, la profesionalización y la dignidad en el tratamiento de las personas usuarias de centros de atención de adicciones, conocidos popularmente como anexos, el Grupo Parlamentario del PRD propuso regular estos establecimientos para que cuenten con personal médico y psicológico, establecer la obligación de notificar a las autoridades los ingresos involuntarios y prohibir la retención o negación del egreso bajo el pretexto de adeudos o cuotas pendientes.

La iniciativa de la bancada coordinada por el diputado Omar Ortega Álvarez e integrada por la legisladora Araceli Casasola Salazar, quien expuso el documento, dispone que los establecimientos residenciales especializados en la atención de adicciones cuenten con una o un médico responsable con título y cédula profesional visibles, así como con un equipo multidisciplinario permanente integrado por personas psicólogas, psiquiatras y nutriólogas.

El proyecto de reforma a la Ley de Salud estatal, presentado en sesión deliberante del Congreso mexiquense, establece que la Secretaría de Salud regule los ingresos involuntarios mediante una responsiva escrita del tutor o familiar, cuando exista riesgo inminente para la vida de la persona paciente o de terceros, así como un aviso inmediato a la autoridad competente o al Ministerio Público. Además, plantea garantizar un plazo no mayor a 20 días para que la persona determine de forma autónoma su permanencia o egreso.

Asimismo, indica que estos centros se abstengan de retener, condicionar o negar el egreso o alta de la persona usuaria por falta de pago o existencia de cuotas vencidas. En cuanto a los modelos de ayuda mutua y los modelos mixtos (agrupaciones de personas en recuperación que comparten experiencias mediante programas de pares), se pretende que las personas responsables y encargadas, así como el personal adscrito, acrediten semestralmente que no consumen sustancias psicoactivas, mediante pruebas clínicas de detección de metabolitos en orina o saliva, con resultados negativos para al menos cinco elementos.

De aprobarse la iniciativa por el Pleno legislativo, los establecimientos también deberían contar con al menos un sanitario y una regadera independientes por cada ocho personas usuarias, camas individuales, rampas de acceso, áreas médicas equipadas para primeros auxilios, áreas específicas para psicoterapia y separación física obligatoria por sexo y rango de edad.

Adicionalmente, al momento del ingreso de la persona usuaria, la o el médico responsable realizaría una exploración física en presencia de alguien que funja como testigo para constatar lesiones previas, elaboraría la historia clínica dentro de las 24 horas siguientes y ordenaría análisis clínicos de laboratorio en un plazo no mayor a 48 horas. Lo anterior incluiría biometría hemática, química sanguínea, perfil hepático y pruebas de detección de sífilis mediante VDRL (análisis de laboratorio de tamizaje que se utiliza para detectar anticuerpos asociados con esta infección), del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de hepatitis B y C.

Por otro lado, los vehículos particulares o institucionales destinados al traslado de personas usuarias de centros de atención a las adicciones tendrían que estar plenamente identificados en el exterior con el nombre, logotipo y datos oficiales del establecimiento.

Procedería la clausura temporal o definitiva, parcial o total, según la gravedad de la infracción y las características de la actividad o establecimiento, cuando se detecte el consumo o suministro de sustancias psicoactivas al interior del centro por parte del personal o de las personas usuarias, así como cuando las personas encargadas o empleadas cometan delitos o agresiones físicas y psicológicas en perjuicio de la integridad de quienes estén en internamiento.

El documento expone que, de acuerdo con información oficial correspondiente a 2024, en el Estado de México se reportaron 13 establecimientos residenciales reconocidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), así como 34 centros comunitarios de salud mental y adicciones.

En contraste con los establecimientos registrados, apunta, operan en la informalidad entre 50 y 60 establecimientos privados y comunitarios que carecen de registro ante el Consejo Estatal contra las Adicciones y que incumplen los estándares mínimos fijados por la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Esta falta de regulación, subraya, ha propiciado violaciones a los derechos humanos, pues se han documentado tratos inhumanos, agresiones físicas y psicológicas, hacinamiento e insalubridad. Aún más grave, recalca, la ausencia de personal médico debidamente capacitado ha derivado en el fallecimiento de personas internas, cuyos casos, según el documento, han sido encubiertos mediante la expedición de certificados de defunción con diagnósticos falsos.

Indica que, si bien la Ley de Salud estatal contempla de forma general la atención de la salud mental y las adicciones, la práctica operativa demuestra que el marco normativo carece de las especificaciones técnicas y los mecanismos de sanción requeridos para controlar de manera efectiva la operación de los centros de rehabilitación residenciales, motivo por el que se presentó esta iniciativa.