- Para fortalecer la protección a los animales, el Grupo Parlamentario de morena (GPmorena) y el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) plantearon, por separado, la expedición de una nueva ley, fortalecer los centros municipales de bienestar animal y elevar las penas de prisión por muerte o maltrato, las cuales alcanzarían una sanción máxima de nueve años si los actos son cometidos por personas servidoras públicas.
- El diputado José Miguel Gutiérrez (morena) propuso expedir la Ley para el Control, Protección y Bienestar Animal del Estado de México y Municipios, y reconocer en la Constitución local que, además de ser seres sintientes, los animales son seres conscientes.
- La diputada Krishna Romero (PAN) planteó imponer de dos a seis años de prisión y de 150 a 600 días multa, a quien cometa el delito de maltrato y cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte.
Para fortalecer la protección de los animales, en el Congreso local las bancadas de morena y del PAN plantearon, por separado, la expedición de una nueva ley, fortalecer los centros municipales de bienestar animal y elevar las penas de prisión por muerte o maltrato, las cuales alcanzarían una sanción máxima de nueve años si los actos son cometidos por personas servidoras públicas.
En sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, el diputado José Miguel Gutiérrez Morales (morena) propuso expedir la Ley para el Control, Protección y Bienestar Animal del Estado de México y Municipios, así como reconocer en la Constitución local que, además de ser seres sintientes, los animales son seres conscientes, por lo que deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida, buscando disminuir y eliminar su uso, maltrato, abuso y explotación.
Respecto de la ley planteada, su objetivo es proteger a los animales mediante la provisión de atención y auxilio, así como velar por su desarrollo natural y su salud, evitando el maltrato, la crueldad y el sufrimiento.
Aunado a ello, busca garantizar la salud pública a través del control y bienestar animal; promover la cultura, la educación y el trato humanitario hacia todas las especies; y regular la posesión, reproducción, desarrollo y sacrificio de los animales en el ámbito municipal, de conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables, entre otros fines.
Sobre las corridas de toros, aclaró que el ordenamiento propuesto las permite siempre y cuando no se provoque la muerte del animal, o se le causen lesiones.
Al recordar que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha declarado públicamente que dañar a los seres sintientes es un terrible acto de crueldad hacia un ser vivo y que, de acuerdo con diversos especialistas, es un elemento que coincide con el abuso infantil, con la violencia doméstica y otros tipos de violencia, llamó a apoyar sus políticas en el tema.
En cuanto a la pena de cárcel, propone reformar el Código Penal estatal para otorgar de tres a seis años de prisión y de 50 a 150 días multa, a quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento.
Además, la pena vigente de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días de multa para quien cause la muerte no inmediata de animales que no constituyan plaga, mediante el uso de métodos que prolonguen su agonía, se aplicará cuando dicha muerte ocurra por envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, ahogamiento por sumersión en agua u otro líquido, o hipotermia.
También por congelamiento, corriente eléctrica, ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico, paralizantes musculares u otras sustancias o procedimientos que causen dolor innecesario, o cuando se causen traumatismos con tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos, instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos.
Adicionalmente, se impondrán penas de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días de multa a quienes contraten, acuerden, presten, arrienden o faciliten inmuebles o espacios como sede para la realización de charreadas, jaripeos, rodeos o la lidia de toros, novillos o becerros, cuando en dichos eventos se ocasionen lesiones, heridas, cortes, traumatismos, laceraciones o contusiones que deriven en la agonía o la muerte de los animales.
Con la propuesta, quedan exceptuadas las peleas de gallos; el adiestramiento de animales; las actividades con fines cinegéticos, de pesca o de rescate, siempre y cuando se realicen en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Cabe citar que la norma actual determina que tales sanciones se incrementen hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por personas servidoras públicas que tengan por encargo el manejo de animales, por lo que podrían alcanzar hasta nueve años de confinamiento.
La congresista Krishna Karina Romero Velázquez, al presentar la iniciativa del GPPAN —coordinado por el legislador Pablo Fernández de Cevallos González—, explicó que la propuesta busca establecer sanciones de dos a seis años de prisión, así como multas de 150 a 600 días, para quien incurra en maltrato y cause lesiones dolosas a cualquier animal que no sea considerado plaga, independientemente de que exista o no la intención de provocarle la muerte.
Adicionalmente, mediante modificaciones al Código para la Biodiversidad estatal, plantea que el Ejecutivo estatal destine y establezca los mecanismos de apoyo financiero, subsidios o fondos específicos, conforme a la disponibilidad presupuestaria, para la creación y fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y operación de los centros de bienestar animal, priorizando municipios con menor capacidad financiera.
Asimismo, que las demarcaciones instalen, administren y operen estos centros, garantizando su adecuado funcionamiento mediante la asignación de presupuesto suficiente conforme a su capacidad financiera.
Además, que diseñen, implementen y ejecuten de manera permanente, campañas periódicas de educación, sensibilización y concientización social en materia de bienestar animal, orientadas a promover la tenencia responsable, el respeto, la protección, la procuración y el trato digno hacia los animales, así como a prevenir el abandono, el maltrato y la sobrepoblación animal.
Para la legisladora Krishna Romero, la protección de los animales no solo es un asunto ético, sino también un problema de salud pública y de seguridad, ya que se estima que alrededor de 5 millones viven en situación de abandono o en la vía pública en la entidad.
En este sentido, agregó que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la sobrepoblación de animales en las calles incrementa el riesgo de enfermedades como la rabia y la leptospirosis, además de elevar la incidencia de ataques, particularmente contra niñas, niños y personas adultas mayores.