Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ejercitó acción penal contra 33 personas, entre ex funcionarios, servidores públicos en activo y particulares, presuntamente involucrados en una red de corrupción dedicada a la creación y operación de plazas irregulares, conocidas como “aviadores”, que habría provocado un daño al erario superior a 96 millones de pesos.
Hasta el momento, 26 de los imputados ya fueron vinculados a proceso, mientras que otro permanece a la espera de que se resuelva su situación jurídica y cinco promovieron juicios de amparo para evitar su captura.
De acuerdo con la investigación, el esquema operaba desde 2021 mediante la asignación fraudulenta de plazas docentes a personas que nunca desempeñaron funciones, pero que sí cobraban salarios y prestaciones con apoyo de funcionarios de distintas dependencias estatales.
Entre los investigados figuran dos ex subsecretarios, dos ex directores generales, coordinadores de delegaciones, delegados administrativos, directores de área, subdirectores y personal operativo que laboró en las secretarías de Finanzas, Educación, Seguridad, así como en la actual Oficialía Mayor y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
La FGJEM detalló que el Gobierno del Estado detectó 459 altas irregulares de personal docente, cuyos expedientes presentaban graves inconsistencias, como falta de documentación oficial, planteles inexistentes o inactivos y autorizaciones emitidas sin cumplir los procedimientos administrativos.
Las investigaciones revelan que los integrantes de la red reclutaban principalmente a familiares y personas de confianza, quienes permitían el uso de sus datos personales para ser registrados en la nómina gubernamental. Posteriormente, terceros retenían las tarjetas bancarias y retiraban los recursos, entregando únicamente una pequeña parte a los llamados “falsos docentes”.
Según la Fiscalía, algunos de estos beneficiarios recibían apenas 6 mil pesos de cada 200 mil pesos depositados, mientras que el resto del dinero era distribuido entre los operadores de mayor nivel dentro del esquema.
Además, se documentó que capturistas realizaban decenas de altas irregulares, incluso durante la madrugada, y presuntamente recibían 5 mil pesos por cada movimiento.
Uno de los antecedentes clave de la investigación ocurrió en diciembre de 2021, cuando un funcionario fue detenido en Toluca con 164 tarjetas bancarias de servidores públicos y 180 mil pesos en efectivo, situación que en ese momento fue justificada por sus superiores como parte de supuestas gestiones administrativas.
La Fiscalía también aseguró que los implicados habrían utilizado las plazas para obtener beneficios laborales personales, como salarios cercanos a 50 mil pesos mensuales, licencias irregulares y derechos jubilatorios.
Como parte de la indagatoria, las autoridades detectaron mensajes enviados a los presuntos “aviadores” para instruirlos a cancelar sus cuentas bancarias tras el inicio de las auditorías y negar cualquier vínculo laboral con el Gobierno del Estado de México.
La carpeta de investigación, integrada por 30 tomos y cerca de 12 mil fojas, también incluye información patrimonial que, según la Fiscalía, muestra un nivel de vida incompatible con los ingresos oficiales de los investigados, quienes presuntamente realizaban viajes a destinos como París, Dubái, Las Vegas, Egipto, China e Islas del Caribe, además de poseer vehículos de lujo, artículos de alta gama e inmuebles de elevado valor.
Los imputados enfrentan procesos por los delitos de fraude y abuso de autoridad, por los cuales las penas podrían incrementarse al tratarse de múltiples conductas delictivas relacionadas con cada alta irregular detectada.
Actualmente, 27 personas permanecen en prisión preventiva justificada en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, mientras continúan las audiencias judiciales derivadas de una de las investigaciones por corrupción administrativa más amplias emprendidas en los últimos años en el Estado de México.