• La Secretaria de la Contraloría informó que las sanciones corresponden a faltas administrativas no graves y que se remitieron 120 expedientes por presuntas faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa.
• Más de 28 mil contraloras y contralores sociales participan en la vigilancia de obras y programas, a través de más de 9 mil 300 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.
TOLUCA, Estado de México.– “Nuestra Gobernadora ha trazado una visión clara: construir un Gobierno honesto, cercano y transparente, en el que cada recurso público se utilice responsablemente y se traduzca en beneficios para la gente”, afirmó la Secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, durante su comparecencia ante la LXII Legislatura mexiquense, como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez. En este marco, informó que se aplicaron más de 2 mil 400 sanciones a personas servidoras públicas por faltas administrativas no graves.
“Nuestra responsabilidad es actuar con firmeza frente a conductas indebidas, sin omisiones ni prejuzgamientos, garantizando la presunción de inocencia, el debido proceso y resoluciones fundadas y motivadas”, afirmó.
Ante las y los legisladores, detalló que se resolvieron más de 3 mil 900 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales derivaron las sanciones referidas. Además, se remitieron 120 expedientes por presuntas faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, autoridad competente para resolverlos.
En materia de fiscalización, informó que se realizaron casi 22 mil acciones de control y evaluación, entre ellas cerca de mil 200 auditorías financieras, administrativas, de obra pública, integrales y al desempeño, para verificar el cumplimiento de la normatividad y prevenir irregularidades.
Como resultado de las auditorías, se determinaron 2 mil 831 observaciones: mil 718 relacionadas con mejoras de control interno y mil 113 vinculadas a posibles irregularidades administrativas. Precisó que una observación no acredita, por sí misma, una responsabilidad administrativa y que los procedimientos deben respetar el debido proceso.
“Nuestra responsabilidad es contribuir a que cada peso del presupuesto público se ejerza con legalidad, eficiencia y transparencia, y que los recursos destinados a obras, programas y servicios se traduzcan en beneficios reales para las familias mexiquenses”, expresó.
Asimismo, destacó que, de acuerdo con el Primer Informe de la Cuenta Pública 2025 de la Auditoría Superior de la Federación, el Poder Ejecutivo estatal no registró montos por aclarar en el universo reportado en dicho documento.
En cuanto a la participación ciudadana, señaló que se integraron más de 9 mil 300 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, con más de 28 mil contraloras y contralores sociales que dan seguimiento a obras públicas y programas sociales en sus comunidades.
Mediante el Sistema de Denuncias, se recibieron más de 21 mil registros, de los cuales 14 mil 900 se configuraron como denuncias formales y se canalizaron a las autoridades competentes o se acumularon a investigaciones previamente iniciadas.
Para verificar la calidad de la infraestructura pública, se realizaron 78 inspecciones y más de 900 pruebas de calidad, seguridad y resistencia de materiales. Entre estas acciones destacó la revisión de nueve obras del proyecto Zona Oriente, en seis municipios mexiquenses.
Finalmente, Hilda Salazar Gil destacó que el taller “Guardianes por la Honestidad” promueve valores y cultura de la legalidad desde las aulas. En sus dos etapas, reportó un alcance aproximado de 2 mil 828 estudiantes, docentes, madres y padres de familia.