Julio Requena
Hay protestas que comienzan por un aumento salarial y terminan exhibiendo problemas mucho más profundos. Lo que ocurre actualmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es uno de esos casos: una mezcla de inconformidad laboral, pleito sindical, exigencias de mejores condiciones de trabajo y denuncias por la falta de medicamentos e insumos médicos.
Un auténtico cóctel molotov institucional que amenaza con incendiar la relación entre los trabajadores, sus representantes sindicales y las autoridades responsables de garantizar uno de los servicios públicos más sensibles para millones de mexicanos: la salud.
Y es que cuando quienes tienen la responsabilidad de atender a los enfermos salen a protestar, conviene escuchar antes de descalificar. Pero también es necesario preguntar quién está pagando las consecuencias y quién debe responder por ellas.
EL DINERO, LA MECHA QUE ENCENDIÓ LA PROTESTA
El primer ingrediente de este conflicto es el salario. Una parte de los trabajadores rechaza el incremento de 2.9 por ciento directo al tabulador salarial, aprobado por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Los inconformes exigen un aumento de 10 por ciento directo al sueldo y cuestionan la manera en que se aprobaron los acuerdos.
La negociación contempla otros componentes salariales y prestaciones, pero los trabajadores inconformes sostienen que el aumento directo no responde a sus expectativas ni a sus necesidades.
Aquí aparece la primera pregunta incómoda: ¿cómo puede una dirigencia sindical presumir un acuerdo si una parte de sus representados considera que no defendió suficientemente sus intereses?
Un sindicato no es una oficina para administrar aplausos ni una maquinaria para legitimar decisiones tomadas desde arriba. Su razón de ser es representar a los trabajadores, negociar en su nombre y rendir cuentas.
Cuando esa representación se pone en duda, el problema deja de ser exclusivamente económico y se convierte en una crisis de confianza.
CUANDO EL SINDICATO SE CONVIERTE EN PARTE DEL PROBLEMA
Las manifestaciones no se limitan al porcentaje salarial. Los inconformes también cuestionan a la dirigencia nacional encabezada por Rafael Olivos Hernández y demandan revisar los procedimientos internos, convocar a un congreso extraordinario y abrir la discusión sobre la representación sindical.
Es decir, no solamente están inconformes con lo que reciben, sino también con quién negocia en su nombre y cómo se toman las decisiones.
La dirigencia, por su parte, anunció mecanismos de diálogo y una consulta sindical prevista para el 14 de octubre.
El desenlace de ese proceso será importante, pero no bastará con organizar una votación y dar por cerrado el expediente. La legitimidad sindical no se decreta: se construye con transparencia, participación y resultados.
Si los trabajadores consideran que su voz no fue escuchada, la respuesta no puede reducirse a pedirles paciencia. Y si existen diferencias sobre la legalidad o el procedimiento de los acuerdos, corresponde aclararlas con documentos, reglas verificables y rendición de cuentas.
EL PROBLEMA QUE MÁS DEBERÍA PREOCUPARNOS: LA SALUD
Hasta aquí podría parecer una disputa laboral más, de esas que se resuelven en una mesa de negociación. Pero hay un segundo ingrediente que vuelve mucho más delicado el conflicto: las denuncias por falta de medicamentos, materiales, insumos y personal suficiente para atender a los pacientes.
Los trabajadores sostienen que en distintas unidades existen carencias que dificultan su labor cotidiana. También señalan sobrecargas de trabajo y plazas que, aseguran, no han sido cubiertas oportunamente.
Estas denuncias deben investigarse y comprobarse en cada unidad. No sería correcto afirmar que todos los hospitales del IMSS padecen exactamente las mismas deficiencias. Pero tampoco sería sensato ignorar los señalamientos de quienes trabajan dentro de ellos.
Porque hay una diferencia enorme entre anunciar que un hospital funciona y garantizar que cuenta con el personal, los medicamentos y los materiales necesarios para atender adecuadamente a sus pacientes.
Una clínica puede mantener abiertas sus puertas y, aun así, enfrentar problemas de abasto o saturación. Para el derechohabiente, la diferencia entre ambas situaciones puede ser determinante.
¿De qué sirve tener una cita si no hay disponibilidad del medicamento recetado? ¿Qué respuesta recibe una familia cuando el personal médico carece de los insumos que necesita? ¿Cuántas veces debe regresar un paciente para completar una receta o resolver un procedimiento?
Esas son las preguntas que deberían estar en el centro de la discusión pública.
LOS BLOQUEOS Y LOS PACIENTES COMO REHENES INVOLUNTARIOS
En el Estado de México, las protestas alcanzaron puntos estratégicos de Toluca, Metepec y otros municipios. El bloqueo de Paseo Tollocan, frente al Hospital General Regional número 220, así como las movilizaciones en otras vialidades mexiquenses, provocaron complicaciones para automovilistas, trabajadores y personas que necesitaban trasladarse a citas médicas.
En Ecatepec también se reportaron cierres sobre la Vía Morelos.
Es comprensible que los trabajadores recurran a la movilización cuando consideran que sus demandas no reciben respuesta. El derecho a protestar no debería depender de la simpatía que despierte una causa.
Sin embargo, también hay que decirlo: una protesta legítima no vuelve irrelevantes los derechos de terceros.
En medio de un bloqueo puede viajar una persona que necesita llegar a una consulta, una familia que busca atención urgente o un trabajador que no tiene ninguna relación con el conflicto.
Y cuando una movilización ocurre frente a un hospital, la responsabilidad debe ser todavía mayor.
No se trata de exigir silencio a los trabajadores ni de utilizar a los pacientes como argumento para descalificar sus demandas. Se trata de encontrar mecanismos de protesta y negociación que no conviertan a los derechohabientes en rehenes involuntarios de una disputa que no provocaron.
Las autoridades, por supuesto, tampoco pueden aprovechar las afectaciones viales para evadir el fondo del problema.
JUBILACIONES, DERECHOS Y DESCONFIANZA
El tercer ingrediente del cóctel es la discusión sobre las condiciones de retiro y los derechos laborales.
Entre las exigencias de algunos manifestantes aparecen el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y el rechazo a cambios que consideran perjudiciales para sus prestaciones.
Este asunto merece una explicación seria. Las condiciones de jubilación involucran derechos adquiridos, reglas contractuales, disposiciones legales y compromisos financieros que no pueden resolverse con una declaración improvisada.
Las autoridades deben precisar qué cambios son jurídicamente viables, cuáles requieren modificaciones legales y qué alternativas existen. Los representantes sindicales, a su vez, tienen la obligación de explicar con claridad qué se negoció, qué se aceptó y cuáles son las consecuencias para los trabajadores.
Lo que no ayuda es alimentar la incertidumbre.
Cuando los empleados desconfían de su dirigencia y, al mismo tiempo, denuncian carencias en sus centros de trabajo, el conflicto se vuelve mucho más difícil de contener.
La solución no consiste en enfrentar a los trabajadores con los pacientes ni en presentar cualquier protesta como un intento de desestabilización. Consiste en identificar responsabilidades y ofrecer respuestas verificables.
¿Y LAS AUTORIDADES?
En todo este episodio hay una pregunta que no debería perderse entre los bloqueos, las consignas y las declaraciones: ¿qué están haciendo las autoridades para resolver los problemas de fondo?
El Gobierno federal, el IMSS y la dirigencia sindical tienen responsabilidades distintas, pero complementarias.
El sindicato debe representar a sus agremiados con transparencia. El Instituto debe explicar las condiciones de la negociación salarial y atender las deficiencias de operación que sean de su competencia. Las autoridades laborales deben facilitar el diálogo y vigilar que se respeten los derechos de las partes.
Y cuando se denuncian faltantes de medicamentos, materiales o personal, la respuesta debe incluir información concreta: qué falta, dónde falta, desde cuándo, por qué no se ha resuelto y cuál es el plazo para corregirlo.
No basta con decir que hay diálogo. El diálogo es un instrumento, no un resultado.
Tampoco basta con afirmar que las unidades médicas continúan funcionando. La pregunta es en qué condiciones lo hacen y si los pacientes reciben efectivamente la atención que necesitan.
La ciudadanía merece respuestas sustentadas en información pública, no una guerra de versiones en la que cada parte intenta responsabilizar a la otra.
EL VERDADERO RIESGO DEL CÓCTEL MOLOTOV
El conflicto del IMSS reúne tres elementos explosivos: una inconformidad salarial, una disputa por la representación sindical y denuncias sobre las condiciones en que se presta la atención médica.
Cada uno requiere una solución diferente. Confundirlos sería un error; ignorar su relación sería todavía peor.
Si las autoridades se concentran únicamente en liberar vialidades, podrán recuperar la circulación, pero no necesariamente la confianza de los trabajadores.
Si la dirigencia sindical apuesta a que el descontento se diluya con el paso de los días, corre el riesgo de profundizar la fractura interna.
Y si las denuncias por carencias médicas quedan sepultadas bajo la discusión salarial, los grandes perdedores serán los derechohabientes, que no tienen por qué pagar el costo de la falta de acuerdos.
El anuncio de una consulta sindical para el 14 de octubre abre una oportunidad para conocer la posición de los trabajadores, pero el resultado deberá acompañarse de compromisos claros y mecanismos para verificar su cumplimiento.
Porque el problema no termina cuando se retiran las mantas, se levantan los bloqueos o los dirigentes se toman la fotografía después de una reunión.
Termina cuando hay acuerdos legítimos, condiciones laborales dignas y capacidad suficiente para prestar los servicios médicos.
Al final, la pregunta no es quién gana el pulso político o sindical. La pregunta es si el IMSS puede garantizar que sus trabajadores tengan condiciones adecuadas para cumplir su tarea y que los pacientes reciban la atención que necesitan.
Porque cuando faltan medicamentos, se cuestiona a los dirigentes y los trabajadores salen a las calles, el problema ya no cabe en una simple negociación salarial.
Y si el cóctel molotov del IMSS termina por estallar, que nadie pretenda sorprenderse: las señales estaban a la vista. Lo verdaderamente imperdonable sería que, después de las protestas, todo siguiera exactamente igual.